Secretaria de Trabajo y Previsión Social.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como dependencia del Poder Ejecutivo Federal, tiene a su cargo el desempeño de las facultades que le atribuyen la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal del Trabajo, otras leyes y tratados, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de sus servidores públicos, unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados, realizará sus actividades en forma programada, conforme a los objetivos nacionales, estrategias, prioridades y programas contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, el programa sectorial respectivo y a las políticas que para el despacho de los asuntos establezca el Presidente de la República, en coordinación, en su caso, con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

De conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012, los tres ejes rectores que dictan el actuar de esta Secretaría son: la promoción de inversiones en una economía cada vez más competitiva que genere empleos y que fomente relaciones laborales basadas en la productividad; la conciliación de intereses entre los factores de la producción para lograr la paz laboral, y la legalidad para hacer valer la ley, sobre todo tratándose de previsión social, de inclusión laboral y de equidad de género.

MARCO JURÍDICO DE LA STPS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 90 que la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos. El fundamento jurídico de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se encuentra en el artículo 123 de nuestra Constitución: Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la Ley.  Funciones Vigilar la observación y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el artículo 123 y demás de la Constitución Federal, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos. Coordinar la formulación y promulgación de los contratos de la ley de trabajo. Promover el incremento de la productividad del trabajo. Promover el desarrollo de la capacitación y el adiestramiento en y para el trabajo, así como realizar investigaciones, prestar servicios de asesoría e impartir cursos de capacitación que para incrementar la productividad en el trabajo requieran los sectores productivos del país, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Establecer y dirigir el servicio nacional de empleo y vigilar su funcionamiento. Coordinar la integración y establecimiento de las Juntas Federales de Conciliación, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y de las comisiones que se formen para regular las relaciones obrero-patronales que sean de jurisdicción federal, así como vigilar su funcionamiento. Llevar el registro de las asociaciones obreras, patronales y profesionales de jurisdicción federal que se ajusten a las leyes. Dirigir y coordinar la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Establecer la política y coordinar los servicios de seguridad social de la administración pública federal, así como intervenir en los asuntos relacionados con el seguro social en los términos de la ley. Estudiar y proyectar planes para impulsar la ocupación en el país. La Secretaria de Trabajo y Previsión Social y el Plan Nacional de Desarrollo. La planeación nacional, como marco de las acciones gubernamentales, está regulada por la Ley de Planeación  . De esta se deriva el Plan Nacional de Desarrollo (PND), rector de los programas que emanan de éste (institucionales, sectoriales, especiales y regionales), y que orienta la coordinación de las tareas del Poder Ejecutivo con las de los Poderes Legislativo y Judicial, y los órdenes de gobierno estatal y municipal. El PND constituye el documento que establece los ejes de política pública a partir de los cuales de determinan los objetivos nacionales, las metas, las estrategias que rigen la acción del gobierno para el periodo de 2007-2012 . El documento del PND está integrado por cinco capítulos estrechamente relacionados que corresponden a igual número de ejes de política pública sobre los cuales está basada la estrategia integral que propone el plan. Los ejes de política pública están constituidos por un conjunto de acciones en los ámbitos económico, social, político y ambiental de la nación que permiten avanzar hacia el Desarrollo Humano Sustentable. Los ejes delineados son: 1.Estado de Derecho y Seguridad, 2.Economía Competitiva y Generadora de Empleos, 3.Igualdad de Oportunidades, 4.Sustentabilidad Ambiental, y 5.Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable Los programas sectoriales que se elaboran a partir de los ejes de política pública y los objetivos nacionales propuestos en el PND 2007-2012, corresponden a los sectores administrativos con base en lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 23, fracción III del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los sectores administrativos comprenden: programas sectoriales que especifican los objetivos, prioridades y políticas que rigen el desempeño de las actividades del sector administrativo; programas institucionales elaborados por las entidades paraestatales; programas regionales que se refieren a las regiones consideradas como prioritarias o estratégicas; programas especiales que contemplan las prioridades para el desarrollo integral del país fijadas en el Plan o las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector. Los Programas contienen estimaciones de recursos y determinaciones sobre instrumentos y responsables de su ejecución, sujetándose siempre al PND. Para su ejecución, las dependencias y entidades definen programas anuales o plurianuales, que sirven como base para la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos que anualmente se presenta al Congreso.